Un total de 728 mujeres con residencia en Cantabria abortaron a lo largo de 2008, último año con estadística oficial cerrada. Pero sólo el 11% de ellas (80) lo hizo en Valdecilla (a cargo del erario público) bajo uno de los tres supuestos por los que la actual normativa, en vigor hasta julio, permite pedirlo legalmente (daño psíquico o físico para la madre, grave malformación del feto o violación). Las otras 648 (el 89% restante) que quisieron una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) tuvieron que acudir a una clínica privada, dentro o fuera de la región, y pagársela de su bolsillo, una circunstancia que variará a partir del verano, cuando se empiece a aplicar la nueva ley.

Además de la cobertura legal que protegerá a quienes aborten dentro del plazo de 14 semanas, ésta será la principal consecuencia práctica que verán las mujeres, dentro de unos meses, con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Desde julio, la Administración sanitaria autonómica estará obligada a hacerse cargo de estas intervenciones. De modo que la Consejería de Sanidad tiene cuatro meses por delante para atar los cabos con que se desarrollará en Cantabria la normativa y para establecer cómo se financiarán las operaciones, ya que ha de negociarse con el Ministerio de Sanidad.

El Gobierno cántabro debe optar, también, por la fórmula con la que afrontará las exigencias que se avecinan: si absorbiendo en los hospitales públicos las IVE o firmando convenios con centros privados acreditados, para lo cual ya se están haciendo números. Se tendrán que determinar, por otro lado, los pasos que seguirá toda mujer que quiera interrumpir su embarazo una vez que llegue al sistema.

Santiago Rodríguez, director general de Salud Pública, asegura a día de hoy que todas las decisiones están por tomar, pero subraya que se «dará respuesta» desde el ámbito público a una realidad «ante la que no se puede mirar hacia otro lado, como se hizo durante tantos años. Hemos de recordar que, no hace mucho, en esta comunidad autónoma, como en las demás, moría cierto número de mujeres al año por abortos practicados de cualquier manera», señala.

A partir de ahora, «el objetivo no es realizar más IVE, ni mucho menos. De hecho, la meta sería la contraria. Un aborto no lo desea nadie, ni la mujer ni la Administración», recalca. Por este motivo, paralelas a la implantación de la nueva normativa correrán nuevas medidas de educación sexual, con la meta de minimizar el número de embarazos no deseados. «Sobre todo, entres las jóvenes». Aunque los números dicen, de momento, que la tasa de operaciones de este tipo en chicas de 19 años o menos es, en esta región, del 6,8 por cada 1.000, frente a una media nacional del 13,4%.

Cantabria, históricamente, es una comunidad con baja tasa de IVE. En 2008, se quedó en seis intervenciones por cada 1.000 mujeres, (de entre 15 y 44 años, que son las que se consideran en edad fértil). Esta cifra representa justo la mitad de la tasa media española, que está en 11,7%, y que sitúa a esta comunidad muy lejos de los casi 20 abortos por cada mil mujeres que se registran en autonomías como Madrid, Baleares, Aragón, Cataluña o Murcia. Con la tasa citada, Cantabria es la segunda región, tan sólo por detrás de Galicia, que es la que tiene menor número.

Salto de 2007 a 2008

Y eso que de 2007 a 2008 se produjo un salto significativo en la estadística de Cantabria ya que, en 2007, la tasa fue de sólo 4,63 casos por cada millar de mujeres. Un total de 554 personas interrumpieron ese ejercicio su embarazo, una cifra que supone que, un año después, se practicaron 174 más. Rodríguez asegura que este avance no se volverá a dar de 2008 a 2009, que se ha mantenido en línea con 2008, si bien no se ha cerrado oficialmente el dato.

El director de Salud Pública justifica el aumento de abortos habido entre 2007 y 2008 al hecho de que existe ahora un control mucho más exhaustivo del que venía habiendo, atribuible a la apertura de una clínica en Bezana, en 2008, que realiza IVE. «Antes, quizá debido a que las cántabras salían de la comunidad autónoma para abortar, la estadística podría no ser tan ajustada a la realidad». Alguna operación se perdía por el camino. «Pero ahora están todas. De ahí que haya subido la curva».

Para dar la información anual por autonomías, el Ministerio de Sanidad toma el dato del lugar de residencia de la mujer en cuestión. Es decir, da igual que una santanderina se desplace a Valencia para la interrupción del embarazo: esa operación se registra como si hubiera tenido lugar en Cantabria, que es el lugar de donde procede la persona.

La residente en Cantabria que pide acabar con su proceso de gestación responde a este perfil: es urbana (el 59% vive en el ámbito de Santander), tiene estudios de segundo grado, trabaja por cuenta ajena y, en un 57% de las ocasiones, todavía no tiene hijos. La mayor parte de ellas (el 62%) se ubica en la horquilla de edad de entre 25 y 29 años en el momento en que se somete a la operación.

Las que se han practicado hasta este año en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (el único centro público que las realiza, ya que ni Sierrallana ni el hospital de Laredo las hacen) son las que tienen mayor complejidad. Y las mujeres que se han acogido al supuesto de riesgo psíquico para pedir la intervención han sido, por regla general, las que han debido acudir a una clínica externa.

Finalmente, los datos revelan que aunque un 47% de las personas que requiere información sobre una potencial IVE acude a un centro de salud público a conocer el proceso, siguen siendo las redes de amigos e, incluso, Internet los informadores más frecuentes.

Controversias

La nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo está actualmente en proceso de desarrollo reglamentario. Es decir, se está redactando la letra pequeña, que será la que sirva a la hora de aplicar los enunciado grandes que han generado tantas polémicas. Controversias que todavía no han terminado: la semana pasada, la Conferencia Episcopal presentó una nueva campaña en la que se pide la derogación de la ley, para que no esté en vigor ni un solo día.