Hace unos días, la prensa recogía los nombres de los primeros bebés de 2010. Una noticia que, en un país con una de las tasas de natalidad más bajas de Europa (1,3 hijos por mujer), parece buena, pero que esconde el problema que representa la maternidad para las mujeres.

Un problema tanto si deciden tener descendencia antes de los 30, edad biológicamente ideal, como si deciden retrasarla hasta después de los 35, como hacen el 30% de las madres españolas.

Si la mujer no retrasa la maternidad, sufre las consecuencias de una organización social cuyo punto de vista aún androcéntrico no permite conciliar vida laboral y vida privada. Así, las madres que trabajan se ven obligadas a aceptar jornadas parciales con la consiguiente pérdida retributiva, se estancan en su ascenso profesional, disfrutan de menos ventajas formativas, cuando no se ven impelidas a abandonar el mercado de trabajo.

Si la mujer resuelve apostar por el trabajo y posponer la maternidad, encontrará otros impedimentos, esta vez de tipo biológico, cuando quiera conseguir un embarazo. Y no es extraño pues la tasa de fecundidad femenina disminuye con la edad. Así, no puede sorprendernos, aunque debería alarmarnos, saber que en la actualidad una de cada cinco parejas españolas tiene problemas para tener hijos, como consecuencia de este retraso voluntario de la maternidad.

De todo ello se derivan efectos paradójicos: España va a la cola en cuanto a índices europeos de natalidad y es, en cambio, uno de los países que cuenta con mayor número de clínicas de reproducción asistida.

A priori, la reproducción asistida es una opción pertinente y deseable para todas aquellas mujeres que, sin querer tirar por la borda la formación y el talento, esperan a haber alcanzado la estabilidad laboral para ser madres. Y, sin embargo, no puede dejar de tomarse en consideración el precio físico, psicológico y económico que supone esa medicalización de un proceso natural.

La fecundación in vitro empieza por la estimulación ovárica mediante tratamientos hormonales, continúa con la extracción de los ovocitos en el quirófano y el análisis de su calidad, la obtención de semen del varón y la selección de espermatozoides de buena movilidad. Luego, en el laboratorio se introduce un espermatozoide ’vivo’ dentro del citoplasma del ovocito. A partir del momento en que se produce la fecundación, se analiza el embrión por si existen anomalías. Si todo es correcto, se efectúa la transferencia del embrión o embriones al útero materno. Un proceso maravilloso para todas aquellas mujeres que, antes, se quedaban sin poder cumplir su deseo de ser madres, pero excesivo para las que hubieran podido serlo por sus propios medios.

Además, en muchas ocasiones, el proceso se complica puesto que los ovarios de la mujer ya no son capaces de producir ovocitos que puedan dar lugar a un embrión sano. En ese caso, se procede a la transferencia de óvulos de una donante.

Las donantes son en gran mayoría chicas jóvenes que deciden ayudar, desinteresadamente o no, a otras mujeres a tener hijos. En teoría, la ley de técnicas de reproducción asistida no permite donar óvulos con fines lucrativos. En la práctica, se ofrecen entre 600 y 900 euros de compensación a las donantes. La retribución corre a cuenta de las mismas clínicas en las que se realiza la extracción de óvulos, las mismas que se publicitan en carteles que proliferan en las universidades españolas, a su vez, repletas de chicas en situaciones laborales precarias. Una ecuación sencilla.

Y, sin embargo, no tan sencilla resulta la donación. Y es que nadie especifica en esos carteles publicitarios las molestias, no sólo desde el punto de vista físico sino también psicológico, que para la donante representarán la estimulación ovárica, las numerosas visitas al médico, la sedación general a la que deberá someterse para la recuperación de los ovocitos en quirófano y los riesgos de esa extracción.

Tanto si se adelanta como si se retrasa, la maternidad exige a las mujeres un precio muy alto.

Publicat a El País , l’11 de gener de 2010