Amenazada por el Gobierno de Fujimori, Giulia Tamayo tuvo que refugiarse en España, donde trabaja como responsable de investigación y políticas de Amnistía Internacional.

¿Por qué fue amenazada?

Por investigar las prácticas de esterilizaciones forzadas que se llevaron a cabo en el segundo Gobierno de Fujimori (1995-2000).

¿Esterilizaciones forzadas?

Sí, se ejecutó un plan de natalidad dirigido a los sectores más pobres de la población peruana, principalmente mujeres rurales, campesinas e indígenas.

¿A cuántas esterilizaron?

A unas 300.000 mujeres. Algunas murieron y otras quedaron con secuelas físicas y psicológicas muy importantes. Y por supuesto, no han obtenido justicia ni reparación del daño hasta ahora.

¿Existen pruebas?

Las evidencias se encuentran en diferentes informes, pero son oficiales y veraces. El programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) fue aplicado desde el Ministerio de Salud.

¿Qué ocurrió con la denuncia?

Las organizaciones de mujeres denunciaron ante las instancias defensoras de los derechos humanos, pero tanto la fiscalía como el gobierno se han pronunciando garantizando la impunidad para los responsables.

¿Han archivado el caso?

Sí. La primera denuncia fue de 243 mujeres, y al final han sido archivadas un total de 2.074 denuncias.

¿A qué cree que se debe?

A que las estructuras de poder de la década de los 90 no han sido desmanteladas y hay muchos involucrados a los que se busca proteger.

¿Quiénes son los responsables?

Los programas de salud no eran hechos aislados, sino que se organizaron desde el gobierno. Incluso se impuso una cuota a los médicos. Cada mes se informaba a Fujimori de los avances. Hasta algunas enfermeras con muchos hijos fueron esterilizadas.

¿Por qué actuó así Fujimori?

Pensó que las mujeres indígenas no denunciarían y también creyó que nadie las escucharía.

¿Se equivocó?

Sí. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó estas prácticas como un crimen de lesa humanidad.

¿No puede actuar la Corte Penal Internacional en este país?

No, porque su creación fue posterior. Pero es un delito en el que no se descarta la justicia interna: no ha prescrito ni ha sido juzgado ni investigado. Lo único que me pregunto es cuánto tiempo más van a tener que esperar las mujeres.

¿Quién o qué estuvo detrás de las esterilizaciones forzosas?

Hubo muchos intereses económicos y políticos para el control de la natalidad, tanto de EEUU como de laboratorios japoneses.

¿Y ahora qué harán ustedes?

Exigir justicia para las mujeres peruanas a quienes se les ha vulnerado sus derechos doblemente.