Aproximadamente a los 10 años, vi una película de la que no recuerdo nada, excepto una escena en la que un médico salía de la habitación donde una partera se quejaba, para comunicarle al marido que la situación era grave: o salvaba la vida de la madre o la del hijo. El hombre acataba la directriz del párroco, también presente, el cual consideraba imperativo salvar la vida del hijo. El médico entraba de nuevo en la habitación y, al poco, salía con un recién nacido llorón en las manos. La mujer había dejado de sufrir… para siempre.

Y yo me quedé con el corazón encogido, tanto que le pregunté a mi madre si aquello era real o simplemente una pirueta narrativa. Y supe que no era una fábula, sino que de este modo lo quería y, según parece, justificaba teológicamente la Iglesia católica.

Me entró tal pánico que determiné que o nunca tendría descendencia o que, si la tenía, me buscaría un médico no católico. Fue en ese momento cuando empecé a pensar, aunque no en estos términos, que los y las pacientes deberíamos poder disfrutar del derecho de objeción de conciencia para rechazar al personal sanitario si su ideología no coincide con la nuestra.

Desde mi infancia hasta ahora, he encontrado innumerables ejemplos que demuestran el escaso respeto y afecto de la curia hacia las mujeres, de los que el último y más flagrante es la opinión de los obispos con relación al aborto. Según Martínez Camino, portavoz de la Conferencia Episcopal, el aborto no sólo debería considerarse pecado, sino también delito.

Si nos detenemos a estudiar algunas de las estadísticas de la ONU en cuanto a la salud reproductiva y sexual de las mujeres en el mundo, comprobaremos que cada minuto muere una mujer como resultado de una complicación durante el embarazo o el parto; que cada minuto 110 mujeres padecen complicaciones relacionadas con el embarazo; que cada minuto 300 mujeres se quedan embarazadas sin haberlo querido, y que cada minuto 40 mujeres abortan en condiciones de riesgo. Se calcula que cada año en el mundo se producen unos 50 millones de abortos intencionados, de los que unos 30 millones son legales y 20 ilegales y, por tanto, con un riesgo muy elevado para la vida de la mujer.

Y, sin embargo, la curia eclesiástica, enfrentada a un dilema moral en que está implicada la vida femenina, lo resuelve siempre desfavorablemente para la mujer. Porque lo que se plantea en el caso del aborto es una disyuntiva. O la salud y la vida de las mujeres, seres humanos hechos y derechos, con un proyecto vital por delante. O que un feto, proyecto de persona sin objetivos todavía, se desarrolle y llegue a nacer.

Un dilema moral es una situación problemática que puede resolverse mediante dos soluciones, ambas incómodas porque plantean un conflicto de valores. Por ejemplo, un tren viene a toda velocidad y usted está junto a una bifurcación donde hay una aguja que se puede accionar para que el tren, que no puede detenerse, vaya por una vía o por la otra. En una de las vías hay un trabajador y en la otra tres. Usted elige por qué vía va a circular el tren.

Es obvio que la Conferencia Episcopal Española prefiere que el tren vaya por la vía donde están las mujeres. Pero también es obvio que las mujeres deben tener la posibilidad de resolver el dilema por sí mismas y, en caso de que opten por la interrupción del embarazo, poder hacerlo en condiciones de absoluta seguridad sanitaria y jurídica.

Dilemas morales aparte, los obispos deberían entender que entre dogma y ciencia hay un abismo. Según la Iglesia, un embrión es una persona con un alma, es decir, un ser de acto. Según la ciencia, un embrión es un conglomerado de células con incapacidad para vivir una vida autónoma como persona, es decir, un ser en potencia.

Dejemos, pues, que los obispos adoctrinen a sus fieles sobre pecados, pero exijámosles respeto por las leyes que sanciona el Ejecutivo, especialmente por la recién aprobada ley de salud reproductiva y sexual.

Publicat a El País , el 22 de desembre de 2009