Interrupción voluntaria del embarazo en la región (Madrid)
La Comunidad registró el año pasado 17.000 interrupciones de embarazo. Un 53%, entre inmigrantes
El Gobierno regional se muestra incapaz de contener el crecimiento de las interrupciones voluntarias del embarazo. Casi uno de cada cinco embarazos, un 19%, termina en la región en aborto, cuatro puntos más que en el resto de España. Gobierno, oposición y expertos califican de malas estas cifras y las atribuyen al aumento de embarazos entre adolescentes, a la mayor tasa de abortos entre inmigrantes (cuadruplica a la registrada entre las españolas) y a la necesidad de más políticas de planificación familiar. Una de ellas es la apertura por el Gobierno regional de tres nuevos centros de información para jóvenes. Pero el mismo Gobierno subvenciona a asociaciones católicas conservadoras que descalifican la anticoncepción.
ORIOL GÜELL – Madrid
Uno de cada cinco embarazos terminó el año pasado en la región en los quirófanos de las clínicas autorizadas para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Más de 17.000 madrileñas, una cifra que no deja de crecer desde hace 15 años, decidieron abortar y colocaron a la Comunidad de Madrid, sólo por debajo de Asturias y Baleares, a la cabeza de España entre las comunidades cuyas mujeres menos gestaciones deciden completar.
Gobierno, oposición y expertos critican estas cifras, aunque discrepan en cómo hacerles frente. Nadie discute que el aborto es un derecho para las mujeres que costó años de lucha hasta que fue reconocido por la legislación española. Pero el abuso de esta práctica médica, insisten los expertos, es una señal de que algo no funciona bien en la sociedad que los registra.
Y no sólo por el importante coste emocional, físico y económico -la sanidad pública apenas financia el 21,5% de los abortos- que esta operación supone para la mujer. «Las elevadas tasas abortos en colectivos como las adolescentes, las inmigrantes o las mujeres que ya han pasado por un aborto muestran que no está funcionando la educación de la salud desde la escuela y que las administraciones no están sabiendo transmitir los mensajes de información y formación a los colectivos que más los necesitan», afirma Margarita Delgado, demógrafa del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y autora de numerosos trabajos de investigación.
La Consejería de Sanidad publicó el año pasado un estudio cuyos autores concluyeron que las políticas de educación sexual y planificación familiar que lleva a cabo el Gobierno regional «son insuficientes o no funcionan adecuadamente» ante las altas tasas de abortos. Ahora, Sanidad acaba de publicar la revisión del estudio y los datos correspondientes a 2005 resultan aún menos satisfactorios.
El documento destaca que las mujeres inmigrantes, el 22% de la población femenina en edad fértil en la región, llevaron a cabo más de la mitad, un 53%, de los abortos. También que entre las adolescentes, la cifra de abortos ha crecido un 250% en una década. Y que el 71% de las que decidieron interrumpir el embarazo no había pisado en los dos años anteriores «ningún servicio sanitario para el uso o control de métodos anticonceptivos», concluye el estudio, publicado en el número de febrero del Boletín Epidemiológico de la Comunidad de Madrid.
Delgado, además, apunta otra tendencia preocupante: «En Madrid el número de IVEs está creciendo mucho más rápido que en España. Entre 1990 y 1998, las interrupciones crecieron en Madrid un 21%, menos de la mitad del 46% que aumentó en el conjunto del país. Esta tendencia cambió a partir de 1998. Desde entonces, han crecido un 57% en España y un 77% en Madrid».
El PSOE, en boca de su portavoz de Juventud, Javier Gómez, atribuye «estos resultados a la mala, pésima, estrategia que sigue el PP desde que gobierna en Madrid. Estas cifras de interrupciones del embarazo son un gran fracaso que no es atribuible a la sociedad, sino al Gobierno regional». «No es casualidad que desde que Gobierna el PP en Madrid hayan aumentado las IVEs, porque ha habido un bajón en todas las políticas de educación para la salud entre los jóvenes. Y los resultados se han notado, porque el número de adolescentes que no usan preservativo ha aumentado un 20% en los últimos años, según un estudio del propio Gobierno regional», añade Gómez.
Los expertos coinciden, en las investigaciones publicadas por el CSIC y Sanidad en los últimos años, en que «hay trabajar de base, desde la escuela, y diseñar estrategias para los colectivos que menos concienciación tienen, como las inmigrantes», explica Delgado. «Hay que informar, pero sobretodo hay que formar. Más de un tercio de las mujeres que se sometieron a una IVE en 2005 había tenido al menos una interrupción anterior. Esto demuestra que sí están informadas, pero que no han interiorizado el beneficio de protegerse en las relaciones sexuales. Y eso se consigue con formación y buenas campañas de concienciación», añade.
Francisco Marqués, subdirector de Epidemiología de Sanidad, admite que «no hay que estar satisfechos con estas cifras, pero tampoco sacar la conclusión de que estamos haciendo las cosas mal o que son un fracaso», explica. El Gobierno regional atribuye a las inmigrantes el aumento de abortos en la región: «Hay que seguir trabajando con este colectivo, porque los datos indican que algunas pueden confundir el aborto con un método anticonceptivo», añade.
Marqués defiende las políticas de su departamento: «Vamos a abrir tres nuevos centros de información en Tres Cantos, Rivas-Vaciamadrid y Móstoles, tres de las ciudades con más población joven. También trabajamos con la Consejería de Inmigración para diseñar estrategias específicas para cada colectivo de inmigrantes y hemos extendido los programas de uso del preservativo», asegura.
«Está claro que no es suficiente y a la vista están los datos», replican desde el PSOE. «Un ejemplo: el número total de charlas que el Gobierno regional realiza en los centros educativos sobre educación para la salud es el mismo que el que hace el Ayuntamiento de Leganés solo. Y el último programa que se realizó sobre el uso del preservativo se hizo en 1998, hace ya ocho años», alerta el diputado del PSOE.
La Comunidad de Madrid ha adoptado en los últimos dos años decisiones dispares en educación sexual y planificación familiar. Mientras Sanidad, y ahora Inmigración, afirman aumentar los medios, la Consejería de Educación eliminó el año pasado las ayudas que concedía a asociaciones juveniles que trabajaban en educación sexual y promovían el uso del preservativo. El consejero Luis Peral, pese a los llamamientos de los expertos en intensificar la educación de la salud desde la escuela, explicó entonces que «es Sanidad la que debe asumir estas políticas».
Más controvertida aún fue la decisión de Educación de aumentar las ayudas a las organizaciones religiosas ultraconservadoras que criminalizan el aborto y tratan de convencer a adolescentes embarazadas para que sigan adelante con la gestación. «Las mujeres que no quieren abortar también tienen derecho a recibir apoyo», defendió Peral. Una de estas asociaciones es Adevida. En su página web defiende que «el uso de anticonceptivos supone el pago de un alto precio para evitar embarazos no deseados. La anticoncepción es contraria a la ley natural». Esta asociación afirma que una mujer no debe abortar aun cuando esté en peligro su vida.
