Abortar en España implica hacerlo en un quirófano. La técnica instrumental o quirúrgica supone casi el 95% de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE). Viendo las cifras, parece que no exista otra opción. Pero sí la hay.
Es el aborto farmacológico y hace 10 años que se legalizó la sustancia que lo permite, la mifepristona, más conocida como RU486. Esta opción, que se usa solo en el 4,3% de las veces, se supone que es más barata y menos invasiva, pero no se usa. Los contrarios dicen que tiene efectos secundarios y que hay una inercia interesada para no utilizarlo.
Basta ver las estadísticas de los países vecinos. En Portugal, el 67% de las IVE son farmacológicas. En Francia, el 49%. En Inglaterra y Gales, suponen el 40%. Un porcentaje que sube hasta el 70% en Escocia y Finlandia. Solo Italia lo usa menos que España, pero porque no se vendía hasta diciembre del año pasado. Antes la empleaban algunas clínicas, pero apenas hay datos, según reconoce el Ministerio de Sanidad italiano.
«Es una pena que no se esté utilizando en España. El farmacológico tiene muchas ventajas con respecto al quirúrgico», afirma Javier Martínez Salmeán, jefe de Ginecología del hospital Severo Ochoa (Leganés) y asesor del Ministerio de Sanidad.
El método químico más habitual, indicado solo hasta la semana ocho o nueve de gestación, consiste en administrar la RU486 y, a los dos días, otra pastilla, el misoprostol, que provoca contracciones en el útero. «Así se expulsa [el feto] como una menstruación un poco más abundante«, explica.
Como el instrumental, este sistema tiene alguna contraindicación (alergia al fármaco, dolencia suprarrenal grave). Además, el aborto puede tardar en producirse varias horas. Y a veces – entre el 1% y el 2%, según el ginecólogo Josep Lluís Carbonell, especialista de referencia en aborto farmacológico – no funciona y hay que hacer un legrado igualmente.
Varias causas explican esta falta de uso. Ezequiel Pérez Campos, presidente de la Fundación de la Sociedad Española de Contracepción, apunta a la costumbre: «La tradición en las clínicas que practican abortos es el método instrumental». Y como en España el 98% de las IVE se realizan en centros privados, lo que ellas hacen se convierte en norma.
Algunos expertos, que pidieron anonimato para no buscarse problemas con sus colegas, señalaron las pérdidas económicas que puede suponer para las clínicas la generalización del aborto farmacológico.
A falta de una estrategia nacional – como ha sucedido en la mayoría de países europeos -, son las comunidades autónomas las que empiezan a tomar posiciones. La consejera de Sanidad catalana, Marina Geli, anunció hace unos meses su intención de promover el aborto farmacológico.
Su previsión es que en 2011 supongan la mitad de las IVE (ahora son el 0,1%) en su autonomía. Allí, serán los ginecólogos de los centros públicos de salud sexual y reproductiva los que administren los fármacos. Algo que, según Geli, abaratará la prestación (las pastillas cuestan 50 euros). Las mujeres podrán seguir eligiendo el método quirúrgico si es lo que quieren.
También el País Vasco estudia generalizar la RU486, según anunció el consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, en septiembre. En esta comunidad ya hay centros públicos – también privados – que practican aborto farmacológico. Allí supone una de cada tres intervenciones.
Hay, pues, enormes diferencias entre comunidades, que aún pueden crecer más cuando unas empiecen a fomentar el método. El Ministerio de Sanidad no entra a valorar la posible inequidad que puede generar esto para las mujeres de distintos territorios. «Es potestad de los médicos elegir el método», se limita a responder.
Carbonell, que en su clínica de Valencia realiza un 50% de abortos con el método farmacológico, sostiene que el hecho de que hasta fechas muy recientes el aborto, de cualquier tipo, estuviera «restringido» ha dificultado que se pudiera abordar el debate de los distintos sistemas.
Además, con el farmacológico, «el rol del médico pasa a un segundo o tercer plano», asegura para tratar de explicar la excepción española. «Unas pastillas lo hacen todo. Es una revolución comparable a la píldora anticonceptiva«.
Pérez Campos también está a favor del método. «Si se le puede evitar a la mujer la intervención quirúrgica, ¿por qué no hacerlo? Las Administraciones tienen que implicarse», invita. «El Ministerio de Sanidad se puede plantear darle un empujón», coincide Martínez Salmeán.
Del otro lado está Santiago Barambio, presidente de Acai, la asociación que agrupa a una treintena de clínicas de IVE en todo el país: «Si en España se ha utilizado poco es porque las mujeres no lo querían». Asegura que, en su clínica de Barcelona, cobra lo mismo por un método que por otro.
En su opinión, los efectos adversos del fármaco – «los hay en un 40% de los casos», afirma – superan a las ventajas. Y le augura poco éxito al plan de Geli: «Cuando aparezcan los efectos adversos un porcentaje importante de mujeres irá a las urgencias de los hospitales, y acabará saliendo más caro».
Mientras, los expertos, como los que elaboraron el informe sobre aborto de 2008 en Madrid, siguen asombrándose de la excepción española. «Llama la atención», dijeron, las «enormes diferencias con el resto de países europeos». Más aún cuando el 63% de las IVE en España son de ocho semanas o menos.
