Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, ofreció la conferencia Derechos Humanos y Violencia de Género en el Centro de Documentación Científica para el máster Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género (GEMMA).
En ella informó que uno de los últimos estudios del Observatorio revela que en el perfil del maltratador, la incidencia de drogas, alcohol o trastornos mentales es muy baja.
«La defensa de los acusados trata siempre de alegar enajenación mental o consumo de sustancias que sirva para rebajar la condena de los maltratadores, pero la incidencia es muy baja», dijo. «El maltratador no suele consumir ni drogas, ni alcohol, ni está trastornado», reiteró.
En cambio, un elemento común es que las parejas estaban en proceso de separación o, como mínimo, la mujer ya había comunicado su intención de separarse.
La magistrada asegura que en la mayoría de los casos, el agresor mata a su pareja dentro del domicilio en común para que sus actos queden en el ámbito de lo privado y no tener testigos. «Y suele utilizar cualquier utensilio que tenga a mano o cualquier instrumento que haya en la casa», añadió la vocal del Consejo General del Poder Judicial.
Montalbán constató lo que dicen gran parte de las investigaciones: que en la violencia de género no influye la clase social, ni el estatus socioeconómico, ni el origen de las víctimas y de los agresores.
Según los estudios, un 35% de los casos de asesinato en la pareja se ha producido entre inmigrantes. Montalbán aseguró que desde el Observatorio se está haciendo un estudio pormenorizado de las condiciones culturales de cada caso para tratar de encontrar pautas en común.
En este sentido, en declaraciones previas a los medios d comunicación, la experta se mostró partidaria de «responder de manera eficaz» al maltrato que padecen las extranjeras, que se enfrentan a una «doble vulnerabilidad» por el hecho de ser mujeres y por carecer normalmente de redes familiares, sociales y de apoyo, a lo que pueden sumarse las dificultades del idioma o las económicas.
«Necesitan un acercamiento de las instituciones, ser informadas sobre sus derechos y, sobre todo, ayudas económicas y asistenciales», señaló la presidenta del Observatorio, quién recalcó que las inmigrantes tienen además barreras culturales y les es «difícil» acceder a los servicios e instituciones españolas.
En su conferencia, Montalbán insistió en la importancia de las políticas de prevención y en las denuncias. En España se han contabilizado este año 130.000 denuncias por maltrato.
La vocal del CGPJ defendió también la comarcalización de los juzgados especializados en violencia de género. «Crear un juzgado de este tipo en cada localidad sería muy costoso, así que se debería aportar seriamente por una mejor redistribución de los mismos y crearlos con un ámbito mayor», explicó.
La eficacia de estos juzgados, que cuentan con personal especializado, está demostrada. «Ahora se está dando protección a 72 mujeres, el 70% de la demanda», concluyó Montalbán.
