El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá este martes una proposición no de ley que plantea modificar el Código Penal, de igual forma que ya lo han hecho otros países de la UE, con el objetivo de otorgar un «tratamiento penal específico» a los matrimonios forzados en niñas menores.
Con esta iniciativa se quiere que esta posible reforma esté acompañada de medidas de protección a las víctimas durante el proceso de denuncia, para evitar que sean víctimas de otros delitos, como detenciones ilegales o agresiones.
Igualmente, se desea que se estipulen medidas de alejamiento de las víctimas a los supuestos agresores durante el proceso judicial, además de impulsar que la UE convierta la lucha contra el matrimonio forzoso en una acción prioritaria en el marco de sus relaciones con los terceros países mediante la ‘cláusula de derechos humanos’.
En otros países de la UE ha habido estas modificaciones en los Código Penales para dar respuesta a esta «práctica deleznable», en la que se están incrementando tanto el número de casos registrados, como en la gravedad con la que se practican esas amenazas para contraer esos matrimonios.
Se argumenta que el matrimonio forzado atenta contra la libertad que tiene una mujer para elegir y decidir sobre su propia vida y sobre si quiere o no comprometerse con otra persona.
En rueda de prensa, la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, consideró que estas menores son coaccionadas y amenazadas por sus familiares, y que por ejemplo en Cataluña, de acuerdo con las estadísticas, se producen anualmente unos 300 casos de estas características, además de que en España «cada vez hay más casos conocidos».
«El PP quiere que se inicie una modificación del Código Penal para que el delito de matrimonio forzado sea un delito específico con una reacción específica, bien agravada frente al delito de amenazas o coacciones o bien como un tipo delictivo distinto», puntualizó.
