La Fiscalía va a pedir un total de 49 años de prisión para seis acusados de integrar una organización internacional dedicada al tráfico de mujeres de nacionalidad rusa, que después eran obligadas a ejercer la prostitución en diversos clubes de alterne de Granada, Córdoba, El Ejido (Almería) y Tenerife, donde, en al menos uno de ellos, eran sometidas también a unas condiciones y horarios laborales que el fiscal tilda de «peculiares».
El escrito del Ministerio Público, señala que la banda actuó en España durante tres años con los procesados Victor S. y Alexey K. al frente, ya que eran los encargados de enlazar con la organización en Rusia, gestionar la documentación que necesitaban las víctimas para entrar en territorio nacional, normalmente vía aérea a través de Madrid y, con posterioridad, distribuirlas por los locales.
Los clubes escogidos habitualmente eran el ‘Punto G’, en Granada y regentado por uno de los acusados, Juan Z.R.; un establecimiento de masajes ubicado en Córdoba y propiedad de Antonia L.S.; así como los locales de alterne ejidenses ‘Glamour’ y ‘Memphis’, del que es encargado un quinto procesado en la causa, Emilio F.L.
Al sexto acusado, Jorge Ramón F.G., el fiscal le atribuye el ser la persona que ejercía labores de vigilancia en el club ‘Punto G’ con pleno conocimiento, según subraya, de la situación en que habían llegado desde su país de origen, vivían y trabajaban las mujeres.
Además, continúa, solía cobrar a las mujeres las cantidades de dinero que debían abonar a la organización para saldar la deuda contraída para venir a España aunque eran los propios gerentes y propietarios de los locales los que detraían del sueldo obtenido con el ejercicio de la prostitución por parte de las víctimas su parte y la que correspondía a Victor S. y Alexey K., quienes realizaron numerosos envíos de dinero a la red en Rusia.
El escrito fiscal recoge, asimismo, que Juan R.Z. se encargó personalmente de recoger en el aeropuerto de Madrid-Barajas el 19 de febrero de 2006 a cuatro de las víctimas. En la red están también implicados los propietarios de un club de alterne en Tenerife.
Los dos ciudadanos rusos procesados enfrentan una pena de nueve años de prisión como presuntos autores de sendos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros mientras que para Emilio F.L., Juan Z.R. y Jorge Ramón F.G. el Ministerio Público va a solicitar penas individuales de siete años de cárcel.
La procesada Antonia L.S. enfrenta esa misma pena y tres años más de prisión acusada de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores ya que, según recoge el fiscal en su calificación, sometía a las mujeres que trabajaban en su local de masajes a un «horario peculiar» y a un sistemas de multas que aplicaba – ahonda – «a su antojo».
Así, y tal y como consta en la declaración de dos testigos protegidas a las que se pide indemnice con 18.000 euros por los daños morales ocasionados, las sancionaba por «comer fuera de hora, negarse a mantener relaciones sexuales con un cliente o por dejar la luz encendida».
Añade el escrito que «debían estar disponibles de lunes a sábado durante las 24 horas del día», incluso «si se habían retirado a descansar». «De lo contrario – concluye – les imponía multas cuya cuantía quedaba a su arbitrio».
