El fiscal pide una pena total de 44 años de cárcel a ocho personas como presuntas autoras de los delitos de lucro mediante la explotación de mujeres inmigrantes a través de la prostitución, y a un guardia civil por no denunciar estos hechos.
La Audiencia Provincial de Logroño celebrará los próximos 21, 22 y 23 de febrero la vista oral contra estas personas, ocho de ellas eran los propietarios y empleados encargados de tres clubes de alterne situados en La Rioja y Guadalajara.
Según sostiene el fiscal en su escrito de acusación, dos de los acusados eran dueños de los prostíbulos Costa Rica de Tricio (La Rioja), Penélope de Logroño y Olimpo de Almadrones (Guadalajara).
En estos clubes, las mujeres que ejercen la prostitución piden a los clientes que les inviten a copas y después se ofrecen a practicar sexo en una habitación, con una tarifa de entre 40 y 50 euros.
Por trabajar allí de 17 a 3:30 horas, las mujeres deben pagar 46 euros al día en concepto de alquiler de la habitación, desayuno, comida y cena y, si llegan tarde o no acuden a su puesto, deben abonar 21 euros.
Los clientes les pagan a ellas por el servicio, y al final de la jornada, ellas abonan los 46 euros al dueño del local, quien también obtiene ganancia por las bebidas que consumen.
El pago de estas cantidades solía generar una deuda hacia los propietarios, según el Ministerio Público, quienes no hacían contrato laboral a las mujeres, muchas de ellas sin permiso de residencia o de trabajo.
Los dos propietarios de los locales contaban con intermediarios que traían mujeres de Rusia, Brasil, Ecuador, Bolivia, Rumanía o Polonia.
Muchas de las mujeres que trabajaban en estos clubes apenas llevaban unas semanas en España, según averiguaron los guardias civiles que hicieron inspecciones en los años 2005 y 2006.
El fiscal incide en que las inmigrantes se encontraban en una situación económica «precaria» en su país de origen y ejercían la prostitución por un estado de «necesidad y vulnerabilidad derivado de esa pobreza».
En este proceso, además de los dueños de los clubes, está procesada una rusa que contactaba con mujeres de su país, cobraba un porcentaje de su trabajo y gestionaba la deuda contraída por el traslado a España.
También están encausados los encargados de los tres clubes y otros dos trabajadores que se encargaban de trasladar a las mujeres y distribuir las habitaciones.
En cuanto al guardia civil, agente de la Policía Judicial destinado en La Rioja, el fiscal sostiene que era amigo de uno de los propietarios y les avisaba con antelación de las intervenciones policiales.
