Acabar con el trato discriminatorio que sufren las mujeres en el trabajo, y otros colectivos desfavorecidos como minorías étnicas y personas con discapacidades, debería ser un objetivo principal del Gobierno catalán.
Además de tratarse de una cuestión de justicia social, el Parlamento Europeo obliga a aplicar el principio de igualdad en todos los países de la UE y la Constitución europea incluso avala la discriminación positiva como medida de urgencia. La igualdad sólo se alcanzará si se corrigen las estructuras que mantienen y reproducen la subordinación social de las mujeres. Si este cambio estructural no se afronta, la discriminación no desaparecerá. Es más, las acciones positivas superficiales ayudarán a mantener y encubrir la desigualdad. Si las políticas públicas para la igualdad no van dirigidas al núcleo de la discriminación pueden ser contraproducentes porque transmiten una imagen de cambio y de progreso que es falsa. Sólo con la creación de una comisión para la igualdad de oportunidades el Gobierno catalán puede demostrar que realmente se propone acabar o disminuir, al menos, la discriminación.
Ante una carencia histórica de educación por la igualdad, de políticas sociales y de iniciativa sindical, en el ámbito laboral catalán existe un desánimo y una falta de confianza. Es frecuente que las selecciones de personal sean discriminatorias, y además, en el terreno público, deberían replantearse los criterios de oposiciones que a menudo responden a planteamientos ya caducos. El personal es fundamental para la mejora de las empresas y las instituciones públicas pero la realidad es que si una mujer embarazada es despedida o sufre acoso laboral o sexual no sabe adónde recurrir. La diferencia salarial entre hombres y mujeres es mucho mayor aquí que en otros países de la UE. El catedrático Josep Oliver alertaba recientemente del vergonzoso 50% menos de sueldo medio que cobran las mujeres en la empresa privada. El paro femenino dobla al de los hombres, continúa creciendo y se convierte en el más alto de Europa. Continúa habiendo discriminación hacia las mujeres en la selección de personal y en la promoción y es casi imposible que accedan a cargos directivos, el famoso techo de cristal.
Las profesiones mayormente femeninas sufren una precariedad mucho mayor. Éste es el caso, por ejemplo, de las secretarias. Los resultados del estudio recientemente elaborado con la garantía del Servicio de Empleo de Cataluña y del Fondo Social Europeo con una muestra significativa de 70.000 secretarias, revelaba que la mitad de ellas han sufrido acoso, y el 32% acoso sexual. Pero también en los sectores profesionales mayormente masculinos las mujeres sufren discriminación. El Grupo de Opinión del Observatorio de Bioética y Derecho, en un estudio reciente, asegura que para que las mujeres consigan un lugar de trabajo en áreas científicas y tecnológicas se exige, como mínimo, duplicar el nivel de competencia de los candidatos masculinos.
La trágica consecuencia es que muchas mujeres catalanas se ven obligadas a depender económicamente de sus maridos o compañeros sentimentales y, aunque sus relaciones no sean satisfactorias o incluso en casos de abuso, no pueden romperlas, hecho que no sólo las perjudica a ellas sino también a sus hijos.
Esta situación tiene diferentes consecuencias negativas para las mujeres: baja autoestima, depresiones e infelicidad, y todo ello hace que las mujeres tengan peor salud. El extremo de esta subordinación lo encontraríamos en las marginadas de las marginadas, esto es, las mujeres inmigrantes que sufren doblemente la discriminación y se ven humilladas en los subsuelos del mundo laboral, que son la esclavitud sexual y la pobreza extrema. Pero, como saben muy bien los británicos, la igualdad de oportunidades no es sólo cuestión de justicia, también lo es de economía. Lo que gastamos en formación debe traducirse en emplear a los mejores licenciados, hombres y mujeres, para cada puesto de trabajo. Cuanta más gente bien preparada se pueda emplear, mejor será el perfil de los candidatos. Cuanto más justo sea el mundo laboral, mayor será el rendimiento de los trabajadores y mayor confianza tendrán los catalanes en su país, especialmente la gente joven, que se muestra a menudo desmotivada.
La comisión para la igualdad de oportunidades sería creada al estilo británico, canadiense o escandinavo, como un cuerpo público, independiente y ejecutivo, con la financiación pública necesaria para cumplir sus objetivos. Debería actuar en varios ámbitos. Por un lado, desde el punto de vista legal, reforzando la legislación y contando con la supervisión de un Fórum de mujeres. En los casos en que la acción legal fuera necesaria, la comisión financiaría querellas de las trabajadoras contra las empresas por despidos irregulares, la selección y promoción de personal, la desigualdad de salario o el acoso sexual. Sin olvidar los casos de discriminación indirecta como la edad. Uno de los objetivos de la comisión sería presionar a las empresas para que adquirieran un compromiso visible con la política de igualdad de oportunidades, haciendo que editaran documentos que así lo acreditasen. La transparencia es prioritaria para asegurar la igualdad, y las empresas deberían hacer auditorías de género regularmente en las que se contara el número de trabajadores por sexo y sueldo. La comisión ofrecería cursos de igualdad para las empresas y editaría códigos de conducta para las mismas. Regularmente haría evaluaciones de impacto de la igualdad y promocionaría la investigación universitaria sobre este tema.
La igualdad de oportunidades también intentaría hacer frente a uno de los problemas más graves que tiene Cataluña hoy, que la tasa de natalidad sea de las más bajas del mundo. Las mujeres, las grandes discriminadas en el mundo laboral catalán y español, tienen además todas las dificultades y ninguna facilidad para hacer algo que las mujeres parecen hacer en otras partes del mundo: tener hijos.
Fuente: El País
