Los centros educativos solo para niños o solo para niñas no podrán ser centros concertados y tener financiación pública, según el texto del anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación que el Gobierno tiene previsto llevar al Parlamento.
En concreto, el texto final del anteproyecto, que se presentó el viernes 7 de enero en el Consejo de Ministros, incluye un artículo sobre igualdad en el ámbito educativo, que en uno de sus apartados recoge que «en ningún caso los centros educativos que excluyan del ingreso en los mismos a grupos o personas individuales por razón de alguna de las causas establecidas en esta ley podrán acogerse a cualquier forma de financiación pública». Y una de las causas establecidas en la ley es el sexo.
El anteproyecto de ley señala que «las administraciones educativas garantizarán la ausencia de cualquier forma de discriminación por razón de las causas previstas en esta ley, y en todo caso, en los criterios y prácticas sobre admisión o permanencia en el uso y disfrute de los servicios educativos, con independencia de la titularidad de los centros que los imparten».
Hasta el momento, el ministerio de Educación había dejado en manos de cada comunidad autónoma la decisión de financiar con dinero público escuelas que mantuvieran la segregación de sexos en las aulas. La Ley Orgánica de Educación (LOE) abrió la posibilidad de dejar sin subvenciones a los colegios que lo hicieran.
El artículo 84.3 fijó que «en ningún caso» habrá discriminación por sexo. La disposición adicional 25 de la LOE también establece que los colegios mixtos «serán objeto de atención preferente y prioritaria«. Pero hacía falta que cada comunidad autónoma quisiera acabar con la separación de alumnos y alumnas.
La situación podría cambiar de aprobarse esta Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, que llega cargada de polémica. Si bien son numerosos los colectivos que han aplaudido el texto, no son pocas las críticas recibidas.
La iniciativa legislativa del Gobierno facilitará la lucha contra la discriminación por distintas causas, creará un organismo estatal que aglutinará las funciones y recursos en torno a esta materia e incluirá un nuevo régimen sancionador.
La misma secretaria de Estado de Igualdad, Bibiana Aído, ha defendido en su blog la promulgación de una ley de Igualdad de Trato que, a su juicio, es «necesaria» porque «son muchas las personas que ven pisoteados sus derechos«.
Según explica, «son muchas las personas que ven pisoteados sus derechos por ser seropositivas, por haber tenido cáncer, por ser viejas, por ser gitanas, por profesar una determinada religión, por ser sordas, por ser homosexuales, por ser gordas, por tener determinada ideología».
«Cualquiera puede sufrir discriminación en algún momento de su vida y encontrarse en situación de indefensión, sin saber a quién acudir o como actuar. Por eso necesitamos una ley como ésta: una ley de garantías, ya que no se trata de generar nuevos derechos sino de garantizar los ya reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico», asegura.
Según la ex ministra de Igualdad, «la respuesta por parte de la ’tea party’ española» a la iniciativa del Gobierno de aprobar un anteproyecto de ley de Igualdad de Trato se ha centrado en decir que se trata de «una cortina de humo» fruto de que el Gobierno quiere «meterse en la vida» de los ciudadanos.
«Hay quienes siempre encuentran una buena ocasión para arremeter contra las políticas de igualdad, frente a ellos, hay una mayoría de la sociedad que no comparte que haya personas que puedan ser humilladas y discriminadas«, concluye Aído.
