Cerca de cinco millones de españolas viven en pequeños municipios, de las cuales, más del 80% ayuda a su marido en las labores del campo, aunque el 40% no están cubiertas por los seguros sociales, según el informe sobre la situación de las mujeres rurales en Europa presentado ante el Consejo de Europa por la diputada Carmen Quintanilla.
La también presidenta de la Asociación de Mujeres y Familias del Medio Rural (Afamer) defiende la necesidad de políticas activas para el fomento de la igualdad de oportunidades en el campo, medida que, junto al resto de propuestas incluidas en el informe, fue respaldada por unanimidad por la asamblea de Estrasburgo.
Según los resultados del estudio, el perfil de las españolas que viven en el mundo rural se corresponde con el de una mujer de más de 50 años, casada y con una media de 2,3 hijos, que dedica ocho horas diarias a tareas domésticas y pasa otras cinco en actividades exteriores.
Asimismo, destacó que el 82% de las mujeres que viven en el campo ayudan a sus cónyuges o a otros miembros de su familia, y que su situación no está definida claramente en la legislación.
Este porcentaje de mujeres «no recibe salario y sólo el 59% de ellas está cubierta por los seguros sociales», señala el estudio, en el que se resalta «el aumento en los últimos años de trabajadoras inmigrantes temporeras en la industria agroalimentaria».
Por otra parte, el informe subraya que menos del 9% de las explotaciones agrarias están gestionadas por mujeres y que muchas de estas tierras además tienen menos de una hectárea, con lo que los ingresos que generan apenas llegan al nivel de subsistencia.
«Sólo un 3% de las explotaciones de más de 50 hectáreas están dirigidas por mujeres«, indica el estudio. «Sin embargo, el nivel de responsabilidad de estas propietarias en la gestión de su explotación no corresponde a su poder real de decisión, porque su esposo o los hombres de su familia tienen la última palabra».
Por último, resalta que la introducción de actividades innovadoras (turismo rural, agricultura ecológica, etc.) ha atraído a mujeres con mayor preparación al mundo del campo.
En los estados miembros del Consejo de Europa cerca de 147 millones de mujeres viven en el ámbito rural. Aunque su realidad varía según los países, ciertas características referidas a su mayor discriminación y vulnerabilidad son comunes en todos los Estados, como la desigualdad en el reparto de la tierra, la mayor prevalencia del desempleo y de la pobreza entre este colectivo, y los problemas a la hora de acceder a servicios educativos, sociales y sanitarios.
Especial atención merecen la prevalencia de la violencia de género y los llamados crímenes de honor, debido al predominio de una mentalidad machista y tradicional. De ahí las resoluciones propuestas en el informe, que entre otras medidas insta a los Estados miembros a adoptar políticas para impulsar la igualdad de oportunidades en el ámbito rural y a incluir la perspectiva de género en los programas de desarrollo para este ámbito.
De este modo, los gobiernos se comprometen a impulsar políticas para que más mujeres accedan a la titularidad de la tierra, mejoren su formación y accedan a un empleo remunerado, y dispongan de más y mejores servicios públicos, como escuelas infantiles o centros médicos. Por último, lamenta la falta de estadísticas sobre la realidad de la mujer que vive en el mundo rural y pide a los Estados mejorar en este aspecto.
