Un total de seis centros de atención primaria (CAP) y de salud reproductiva y sexual catalanes han empezado este mes de febrero a dispensar la píldora abortiva RU-486 – hasta ahora solo autorizada en hospitales – a las mujeres embarazadas de menos de siete semanas que desean abortar.
Así lo han confirmado fuentes del departamento de Salud de la Generalitat, la Asociación de Planificación Familiar de Cataluña y la Sociedad Catalana de Comadronas, cuya presidenta, Cristina Martínez, ha celebrado los buenos resultados de la prueba piloto.
La primera fase del aborto farmacológico en los ambulatorios, que en principio había proyectado comenzar en enero, se inició el pasado 1 de febrero en los Programas Sanitarios de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva (Passir) de los CAP Manso de Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Vilanova i la Geltrú-Garraf, Mataró, Vic y Badalona, todos en la provincia de Barcelona. El de Badalona es el único CAP que no pertenece al Instituto Catalán de la Salud (ICS), sino que forma parte del Consorcio Sanitario Integral (CSI).
Todos ellos cuentan con un hospital de referencia, encargado de autorizar el uso del fármaco en los citados centros, como dispuso el anterior equipo del departamento de Salud de la Generalitat, que planificó un modelo catalán de salud reproductiva sexual acorde con la nueva ley española.
La presidenta de la Sociedad Catalana de Comadronas ha celebrado que la aplicación del plan está yendo «muy bien», y ha detallado que el circuito pasa por una atención rápida de la mujer a la que se le explican las distintas opciones a seguir.
La mitad de los abortos que se producen en Cataluñaa tienen lugar durante las siete primeras semanas de gestación. De esta manera, Cataluña toma el ejemplo de países europeos como Francia, Suecia y Austria, donde la introducción de la píldora RU-486 para la interrupción del embarazo antes de las siete semanas ya es un hecho.
La Asociación de Planificación Familiar de Cataluña y Baleares ha pedido a Salud que explique abiertamente cuál será el despliegue de la reforma de la ley del aborto en Catalunña, teniendo en cuenta que el anterior Gobierno de la Generalitat proyectó un modelo provisional que todavía es vigente.
Una portavoz de la entidad ha criticado el «vía crucis» al que se someten las mujeres que quieren abortar en Cataluña, que son derivadas a clínicas privadas, donde tienen que avanzar el coste de la intervención, que puede ser de 350 euros, en función de la semana de gestación. La asociación ha lamentado que todavía ninguna mujer ha recibido el dinero avanzado, pese a que existe un millar de expedientes aceptados y tramitados que ya deberían haber cobrado.
El número de abortos practicados en Cataluña durante 2009 cayó un 3% – alrededor de 900 menos –, el primer descenso registrado en la comunidad desde hace al menos 15 años, según datos previos a la entrada en vigor de la nueva Ley de Reproducción Sexual y Reproductiva e Interrupción del Embarazo.
