Cuando una mujer inmigrante llega a España intenta ante todo sobrevivir. Entendiendo por sobrevivir encontrar un trabajo, establecer contactos, buscar un lugar donde quedarse… Pasando todo lo demás en ese momento de llegada a ser secundario. Y entre esos elementos secundarios no cabe duda alguna de que se encontrará su salud, también la salud sexual y reproductiva.
Y será así, no solo porque tiene esas otras prioridades inminentes, sino también porque muchas veces desconocerá nuestra lengua, nuestras costumbres, nuestro sistema sanitario, porque tendrá miedo a ser descubierta en su situación de irregular y ser expulsada si acude a un centro de salud. En definitiva, no sabrá a quién acudir, en qué lenguaje y cómo hacerlo.
A estas circunstancias de llegada se une el bagaje de partida. En España las mujeres inmigrantes representan más del 40% de las interrupciones del embarazo; de ellas casi un 60% proceden de Latinoamérica. Mujeres que, en su mayoría, arrastran una cultura de origen profundamente machista, lo que se traduce en un trato de desigualdad y supeditación en sus relaciones sexuales que las aboca a descuidar el método contraceptivo y a sufrir embarazos no deseados.
Desde otra perspectiva previa, pero con consecuencias igualmente perjudiciales, las mujeres procedentes de los países del Este de Europa tienden a considerar el aborto como un método contraceptivo más, entre otras razones, porque en sus países les resultaba compleja y sobre todo muy costosa la adquisición de contraceptivos seguros.
La asimilación de esta tendencia se evidencia al constatar que más del 60% de las mujeres procedentes de estos países no utiliza un método contraceptivo y que entre las mujeres que han abortado más de una vez, las inmigrantes del Este europeo alcanzan el 61%.
Por todas las razones expuestas, los/as profesionales de los centros acreditados hemos constatado que las mujeres recién llegadas a España son uno de los grupos más vulnerables y expuestos a sufrir un embarazo imprevisto que suele concluir en un aborto provocado.
La tendencia descrita no suele invertirse hasta pasados tres años de estancia en nuestro país. Estas mujeres asimilan el método contraceptivo y disminuyen su tasa de aborto, cuando el resto de sus circunstancias prioritarias se van solucionando y, sobre todo, cuando sus hábitos sexuales y reproductivos cambian. De hecho, durante los tres primeros años la tasa de aborto entre las mujeres inmigrantes es de casi un 70%, disminuyendo luego hasta un 20%.
Esta situación que incide de manera evidente en las tasas nacionales de aborto se ha visto modificada por la bajada del número de mujeres inmigrantes en edad reproductiva que han ido llegando a nuestro país. Así, si durante el año 2008 habían llegado 107.127 mujeres en edad reproductiva, durante el año 2009 solo llegaron 11.865, según datos del INE.
En consecuencia, parece lógico pensar que la bajada en el número de abortos en nuestro país se debe a que no se ha producido una población de reemplazo entre las mujeres inmigrantes, y a que las que permanecen en España han asimilado nuevas prácticas anticonceptivas. De hecho, según datos del Ministerio de Sanidad, los abortos entre la población inmigrante bajaron un 8% en el año 2009 respecto a las cifras de 2008.
Desde ACAI no podemos por tanto avalar la posición del Ejecutivo que atribuye el descenso en 2009 a los efectos de una píldora postcoital que tan solo estuvo en vigor los tres últimos meses de ese año, a políticas en materia de salud sexual y reproductiva aisladas y a una ley que, aprobada en 2010, no ha podido incidir en el año anterior.
ACAI siempre consideró necesaria la liberalización de la píldora postcoital que llevó a cabo el Ejecutivo. Necesaria para que la contracepción de urgencia fuese utilizada en situaciones específicas, de urgencia, pero no como un método contraceptivo más. Por tanto, no podemos avalar esta postura porque estaríamos respaldando una conducta imprudente.
Al tiempo, tampoco podemos dar por válidas medidas aisladas en el ámbito de la sexualidad y la reproducción, ya que sería validar decisiones que, por aisladas, no han conseguido incidir en la población que más afectada se ha podido haber visto, la española, que no solo no ha disminuido su tasa de aborto sino que la ha aumentado, pasando del 41,4% al 43,3%.
No podemos respaldar esta postura, ya que con ello estaríamos renunciado a desarrollar el Reglamento de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, que exige expresamente el desarrollo de políticas eficaces en materia de educación sexual, el acceso gratuito a la anticoncepción, la formación de los profesionales, es decir, el desarrollo de medidas que de manera real tengan la capacidad de prevenir los embarazos imprevistos e indeseados.
Medidas además que han de diferenciar entre mujeres españolas e inmigrantes, y no porque estas últimas se consideren en un estrato inferior o secundario. Bien al contrario, porque son un colectivo especialmente vulnerable, con hábitos sexuales y reproductivos ajenos a la realidad española. Y porque la mochila de estigmas y prejuicios que les han sobrepuesto y con la que llegan a nuestro país, les dificulta decidir por sí mismas en muchas situaciones.
Francisca García es vicepresidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI)
