Navarra asegura que todos sus médicos, sin excepción, son objetores, así que en su territorio no se realiza ni una sola interrupción voluntaria del embarazo (IVE). ¿Cómo conjugar la objeción con el derecho de las mujeres que les reconoce la ley? Mandando a las mujeres a las regiones limítrofes.
Murcia estuvo a punto de imitar a Navarra, pero al final reculó.
En Cataluña, si una mujer no demuestra que carece de recursos, debe adelantar de su bolsillo el coste de la intervención, que oscila entre los 300 y los 600 euros.
En la Comunidad Valenciana, las mujeres que quieran abortar recibirán «información visual», según anunció el mes pasado una portavoz del Gobierno de Francisco Camps, con el objetivo de disuadirlas. Es decir, imágenes de fetos, ecografías incluidas, que ilustren «sobre la formación de la vida».
En todos los casos, obstáculos que contravienen el espíritu de la ley: que el aborto, una vez decidido libremente y con información objetiva, sea sencillo y gratuito.
Madrid tampoco cumple al pie de la letra la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. En su artículo 17 dice que, entre la información que debe recibir la mujer, figuran «los centros públicos y acreditados a los que se pueda dirigir». La intención del Ministerio es que muchas IVE se realicen en centros públicos.
Pero la región únicamente deriva a clínicas privadas, tal y como establece el protocolo que la Consejería de Sanidad ha enviado a sus profesionales. No se puede elegir ir a un hospital público. Algo que sucede en Madrid desde hace años.
Solo un 2% de las IVE se realizan en centros públicos, según datos de Sanidad. Y las madrileñas se encuentran aún con otro obstáculo. Si quieren que la prestación sea gratuita, se enfrentan a una espera de tres semanas.
