La Conselleria de Salud de la Generalitat continúa derivando el grueso de mujeres que desean abortar por la vía pública a la red de clínicas privadas autorizadas para ello, siete meses después de la entrada en vigor de la reforma estatal de la ley del aborto.
Así lo ha señalado el presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), el catalán Santiago Barambio, y lo han confirmado fuentes del departamento que lidera Boi Ruiz, que han alegado que en Catalunya persiste todavía un «modelo de transición».
La anterior consellera de Salud, la socialista Marina Geli, proyectó un modelo provisional hasta enero, en virtud del cual las mujeres son derivadas a centros privados a abortar y después reciben el reembolso del coste de la intervención.
Tras el cambio de color del Govern, que tomó posesión a final de año, no se han efectuado cambios sobre el modelo que en enero se había comprometido a introducir la píldora abortiva RU-486, que cuesta 50 euros y por el momento sólo se utiliza en hospitales.
Barambio se ha mostrado muy crítico con el despliegue de la ley en Catalunya, tras criticar que «ninguna mujer» ha recibido todavía el reembolso del dinero avanzado, a partir de 350 euros en función de la semana de gestación, si bien la Conselleria se comprometió a devolver el dinero un mes y medio después.
Ha criticado que en Catalunya se da una «gratuidad virtual», mientras que la Conselleria de Salud ha asegurado que más de un millar de las peticiones de mujeres han sido aceptadas y están tramitadas para que se pueda efectuar el reembolso.
Barambio ha cargado también contra lo que considera una falta de garantía de confidencialidad, por el hecho de que las mujeres reciben un código de identificación personal que se corresponde con el número de la tarjeta sanitaria, sobre el que cualquier profesional sanitario puede consultar la identidad.
«Reclamamos que se genero un código personal nuevo», ha reivindicado Barambio, que este miércoles ha cuestionado en Madrid la puesta en marcha de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo ya que, siete meses después de su entrada en vigor, «existen 17 leyes de aborto diferentes», una por cada comunidad.
Según ha asegurado el presidente de esta entidad, Santiago Barambio, «se están produciendo las diferencias territoriales que precisamente se querían evitar» con esta norma, ya que el posterior desarrollo de la misma ha dado a los gobiernos autonómicos «libertad de movimientos» y, al mismo tiempo, «escaso margen de maniobra» al Ministerio de Sanidad.
De este modo, destacan Andalucía o Asturias como las comunidades donde «mejor se está cumpliendo» la normativa, permitiendo a las mujeres de estas comunidades «acceder de manera sencilla, ágil, íntima y con garantías» a esta prestación.
En cambio, según ha añadido la vicepresidenta de ACAI, Francisca García, en otras comunidades como Catalunya, Madrid y algunas provincias de Castilla y León el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo es «lenta, burocrática y desigual», lo que «pone en riesgo la intimidad de estas mujeres y la gratuidad de la prestación».
Precisamente con respecto a la forma de pago, García ha lamentado que Cantabria y Catalunya son «las únicas comunidades donde la mujer se está pagando su aborto» por adelantado, si bien en la comunidad catalana «todavía no se ha producido ninguna devolución».
