Jerusalén. (Efe).- El presidente israelí, Moshé Katzav, podría ser acusado de dos delitos de violación, entre tres y cuatro de agresión sexual, así como otros de escuchas telefónicas, fraude y reparto ilegal de regalos y obstrucción a la justicia, según las recomendaciones de la Policía al asesor legal del Gobierno israelí.
La decisión final de si Katzav acabará o no en los tribunales, y los cargos de los que será acusado, corresponden al asesor jurídico del Gobierno israelí y procurador general, Menahem Mazuz, quien hoy recibió el informe y la recomendación de encausamiento de manos de los agentes policiales que investigaron al presidente.
Según fuentes policiales citadas por la edición electrónica del diario «Haáretz», la Policía tiene pruebas suficientes para justificar el enjuiciamiento de Katzav en numerosos de los supuestos delitos que ha investigado.
La caja de Pandora en la Residencia Presidencial se abrió en julio pasado cuando una ex funcionaria conocida por la inicial «A» trató supuestamente de extorsionar al presidente israelí, según allegados de éste último, al pedirle una significativa suma de dinero por no denunciar que la hubiera violado.
Los allegados del presidente recurrieron a la grabación de una conversación entre Katzav y «A» para justificar el intento de extorsión, pero desde entonces la cinta no sólo ha resultado ser inexacta (fue deliberadamente editada, según la prensa), sino que además otras diez mujeres que han trabajado con el político israelí lo han denunciado.
Hoy, en su recomendación a Mazuz de procesar al presidente israelí, el comisario Yohanan Danino, jefe de la investigación, y el subcomisario Yoav Sigalovich, afirmaron que las sospechas más graves son las de violación de dos mujeres, una de ellas «A» y la otra de una gestión anterior como ministro de Estado.
Le acusan también de agresión sexual a otras mujeres, así como de haber escuchado las conversaciones telefónicas de sus funcionarios, de prevaricación, de uso ilegal de fondos presidenciales, de violación de la confianza, y de un sinnúmero de delitos menores que en su conjunto forman un expediente sin precedentes en la política israelí.
La única sospecha de la que la Policía ha exonerado por el momento a Katzav es la de venta de indultos presidenciales a convictos, una acusación hecha por «A» pero sobre la que los investigadores no han hallado pruebas suficientes, a decir del diario.
Los investigadores consideran que hay «irregularidades» que deben ser aún investigadas y por ello aseguraron a Mazuz que pedirán interrogar al presidente una vez más, antes de cerrar el expediente y enviarlo definitivamente a la Fiscalía de Jerusalén.
Allí será el fiscal Eli Abarbanel quien redacte el borrador de la carta de acusación, que deberá ser aprobada o rechazada por el asesor jurídico del Gobierno, se cree que en un plazo de aproximadamente dos semanas. De ratificar Mazuz la recomendación policial, Katsav, que asumió la Presidencia del Estado de Israel en 2000 tras vencer al veterano político Simón Peres en una polémicas elecciones dentro del Parlamento, será el primer presidente israelí que se enfrente a la Justicia.
Su predecesor, Ezer Weizman, debió abandonar el cargo ese año en otro escándalo público tras descubrirse que su familia recibía desde hacía décadas sumas de dinero de un «benefactor» extranjero. Weizman aceptó una propuesta del Parlamento de retirarse «voluntariamente» del cargo para no ser desaforado y expulsado del cargo o llevado ante la justicia.
Katsav, que como todo jefe de Estado en Israel es el único ciudadano con inmunidad absoluta durante su gestión, se enfrentará ahora a un proceso similar, sólo que en su caso no podrá eludir a los tribunales por tratarse los suyos de delitos penales.
Esta noche, la diputada progresista Zehava Galón (Méretz) anunció que mañana mismo pedirá a la Comisión Parlamentaria de Asuntos de Gobierno que inicie el proceso para expulsar al presidente, cuyos asesores aún no han hecho comentario alguno sobre las recomendaciones policiales.
El «expediente Katsav» podría también salpicar a más de uno de sus allegados, a los que la fiscalía podría acusar de «encubrimiento».
