El informe «La promesa de igualdad: equidad de género, salud reproductiva y objetivos de desarrollo del milenio», elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) establece que el acceso de las mujeres a los métodos anticonceptivos reduce la pobreza e impulsa el crecimiento económico.
Así lo explicó hoy en la presentación de dicho informe Rogelio Fernández-Castilla, director de la División Técnica del UNFPA, quien afirmó que el acceso de las mujeres a los métodos que permiten la planificación familiar «no es sólo un elemento de justicia, sino que tiene un impacto en la reducción de la pobreza y en la promoción del crecimiento económico».
En este sentido, precisó que en países de las características de Venezuela u Honduras la planificación familiar se traduciría en «un incremento adicional del Producto Interior Bruto de entre un 1 y un 1,3% por año» y todo ello «a cambio de inversiones modestas». Según el informe, esta afirmación se basa en el estudio de poblaciones de países en vías de desarrollo en las que el acceso a los métodos de anticoncepción es radicalmente desigual según los recursos económicos de cada ciudadano.
Así, en el caso de Venezuela, en el segmento de población más pobre, a la que resulta imposible acceder a estos métodos, la pirámide poblacional presenta una tasa de edad muy reducida (niños y adolescentes), lo que se traduce en que «por cada persona que trabaja hay otra dependiente». Por contra, entre la población de mayor poder adquisitivo, la mayor parte de la población se halla en edad de trabajar, por lo que «por cada dos trabajadores hay un dependiente».
Por ello, afirmó Fernández-Castilla el acceso a los medios de planificación familiar tiene un impacto directo en la economía» y agregó que invertir en extender su uso es «una inversión inteligente», que además reduce la mortalidad infantil y materna, ya que «se evitan los embarazos de alto riesgo: embarazos muy tempranos o muy seguidos». Además, el director de la División Técnica del UNFPA recalcó la visión humana de esta teoría, ya que proporcionar a las mujeres el derecho de decidir sobre la reproducción supone «un salto cualitativo» porque «siente que está decidiendo su futuro».
El informe de la ONU hace especial hincapié en que la disminución de la pobreza requiere que la mujer «sea liberada de obstáculos de discriminación y violencia» y precisó que para lograr la equidad de género son necesarias tres inversiones «estratégicas»: la educación de las niñas, la salud reproductiva y los derechos económicos de la mujer». Fernández-Castilla argumentó que los hijos de las madres con mayor educación tienen menos mortalidad y también se educan más. Por contra, los hijos de las madres que son niñas o adolescentes «suelen también ser padres a esas edades, con lo que repiten el círculo».
Además, recalcó que «una educación de calidad debe incluir la educación sexual porque posterga el inicio de las relaciones sexuales y favorece un inicio más responsable en la sexualidad». A la presentación del informe del UNFPA en Bilbao también asistió la directora del Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, Izaskun Moyúa, que recordó que los grandes retos de la mujer en el pasado fueron el acceso a la educación y a los derechos políticos -«ya conseguidos en casi todo el mundo»- y señaló que «ahora queda luchar por los derechos sexuales y reproductivos».
En este sentido sostuvo de que la reivindicación de estos derechos por parte de la mujer está encontrando «grandes resistencias» en algunos sectores y alertó de la existencia de una «corriente conservadurista» contraria a estas demandas
