Solo 194 mujeres víctimas de la violencia machista han conseguido entre los años 2003-2010 un contrato bonificado de trabajo en Cataluña, de las que la gran mayoría viven en Barcelona (131).
Estos datos han sido facilitados en rueda de prensa por la secretaria de Igualdad y Políticas Sociales de UGT de Cataluña, Raquel Gil, con motivo de la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las mujeres.
De los 194 contratos bonificados para los empresarios que contrataron a mujeres víctimas de violencia machista, uno de los derechos que contemplan las medidas gubernamentales para apoyar a estas personas, 131 se formalizaron en Barcelona, 32 en Tarragona, 12 en Lleida y 19 en Girona.
En toda España, se firmaron en total 1.958 contratos bonificados entre los años 2003 y 2008, de los que la gran mayoría, un 72,8%, fueron temporales y tan solo un 28,2%, indefinidos, según datos elaborados por UGT de Cataluña a partir de las cifras facilitadas por el Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer.
Raquel Gil ha argumentado, a la vista de estos números, que las administraciones, los empresarios y los sindicatos, además de los medios de comunicación, deben implicarse más y sensibilizarse de que, tras una víctima de violencia doméstica, hay una mujer que necesita trabajar para sacar adelante a su familia.
A su juicio, las medidas policiales y judiciales han copado la atención primera a las víctimas y «cuesta más pensar en qué pasará después» de que las mujeres sean atendidas tras la agresión.
Por otra parte, las mujeres también tienen derecho a la renta activa de inserción cuando estén en el paro y sin cobrar una prestación que no supere el 75% del Salario Mínimo Interprofesional, lo que significa que no se llega a los 474 euros al mes.
Gil ha indicado que en los últimos dos años se ha observado un incremento en el número de mujeres receptoras de la renta activa de inserción y el pasado 2009 se llegó a 1.823 en toda Cataluña, más de mil más que el año 2006 (805).
«Este dato es muy preocupante – ha puntualizado – porque representa que cada vez hay más mujeres que padecen violencia machista de sus parejas y que se enfrentan a serios problemas económicos y de inserción laboral«.
La dirigente sindical ha denunciado la repercusión «limitada» de las medidas para el fomento del empleo de las mujeres en situación de violencia machista y ha reclamado la evaluación de su aplicación así como las difusión de las mismas para mejorar su funcionamiento.
Aunque la entrada en vigor de la Ley orgánica del año 2008 de medidas de protección integral contra la violencia machista ha supuesto un salto cualitativo en esta lucha, la norma «debe ser evaluada y reforzada», ha considerado Raquel Gil, que ha añadido que «queda mucho camino por recorrer y muchos puntos para mejorar».
Uno de estos aspectos es la inclusión de medidas favorables a las trabajadoras víctimas de este tipo de violencia en los convenios colectivos, que solo se contemplan actualmente en 181 en Cataluña, de los que 32 son sectoriales y 149 de empresa, lo que representa el 14,70% del total.
Las mujeres en situación de violencia tienen derecho a reducir su jornada laboral, a reordenar su tiempo de trabajo, posibilitar su movilidad geográfica o cambio de centro, suspender su contrato con reserva del empleo, extinción del mismo y asegurar la justificación de las ausencias o faltas de puntualidad.
