Tras una lenta agonía, el Consejo de Ministros de Justicia de mañana certificará el estado de defunción de la orden europea contra los delitos por violencia machista. La propuesta fue una de las prioridades que el Gobierno español marcó durante el primer semestre del año, cuando tuvo la presidencia rotatoria de la UE, para garantizar a las víctimas de violencia de género una protección idéntica en todo el territorio comunitario.
Fuentes comunitarias aseguraron que Reino Unido, país cuyo apoyo habría sido determinante, sigue sin dar su visto bueno al proyecto, que además ha perdido el importante aval de los Países Bajos. Pero la principal opositora con la que ha contado esta medida desde un primer momento ha sido la comisaria de Justicia, Viviane Reding, que llegó a asegurar que «victimizaría a las víctimas», que tendrían que recorrer los juzgados de Europa para reclamar sus derechos mientras «los abogados se llenan los bolsillos».
Libertad de movimiento
La euroorden consistía en garantizar que una medida de protección dictada por un juez, como una orden de alejamiento, fuera respetada por el resto de países de la UE, garantizando así la libertad de movimiento de las maltratadas.
Según los cálculos que hizo en su momento el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, sólo en España se habrían beneficiado 8.000 mujeres de nacionalidad rumana y 2.000 con nacionalidad alemana, que podrían volver a su país sabiendo que estarían igual de protegidas.
Sin embargo, la oposición de Reding, que llegó a tener un agrio enfrentamiento con Caa-maño, y las dificultades para armonizar jurídicamente todas las medidas de los distintos países pusieron en entredicho la viabilidad del proyecto. Reding llegó incluso a hablar de que el texto presentado por el Gobierno español era un auténtico «patinazo». «Esto no es un chiste, tenemos que construir sobre una base seria», sentenció el pasado mayo.
Distintos ámbitos
Varios países comunitarios consideraban muy difícil legalmente garantizar la misma protección a todas las maltratadas de la UE, ya que según el país estas medidas se deciden dentro del ámbito penal, civil o incluso el administrativo, por lo que arropar de igual manera a las maltratadas se hace cuesta arriba cuando se entra en detalles jurídicos.
Fuentes diplomáticas aseguraron que, debido a la marcha atrás de los Países Bajos, la presidencia belga de la UE tiene previso no incluir de nuevo el debate en el orden del día, confiando en una nueva propuesta que subsane las dificultades jurídicas de la propuesta española
