El triunfo de las libertades llegó, pero poco pudo hacer antes un país poco acostumbrado a vivir sin el yugo del despotismo. La segunda experiencia republicana en España nació un 14 de abril de 1931. Lo hizo con el ímpetu de los ideales más nobles y con mil utopías como bandera.
Sin embargo, no contaba con la realidad cainita de un país al borde de la ruptura, y que para entonces ya deambulaba entre asonadas militares, revoluciones anarquistas y el sentir de dos sensibilidades irreconcialiables que acabarían a bayonetazos en una guerra entre hermanos.
Pero antes del cruel final que la Historia deparó a aquella democracia, los derechos civiles se convirtieron en la seña de identidad amparada bajo la bandera tricolor. Gracias a ello, la mujer pasó de ser objeto secundario a sujeto principal de una revolución fundamentalmente humana y social.
España nació como Estado moderno aquel 1931. Había mucho que hacer en materia sanitaria y educativa – se habilitó un programa para la construcción de 6.750 escuelas y la contratación de 7.000 maestros, se estableció la enseñanza mixta y la religión dejó de ser asignatura obligatoria -. Y los republicanos convencidos intentaron trabajar para lograr unos objetivos de bienestar y dignidad homologables con los que existían en los países del entorno.
Así nació la Constitución de la II República. Lejos de proclamas fáciles, aquel texto supuso un primer apunte serio y un avance significativo en la defensa de los derechos humanos por parte del ordenamiento jurídico español. Fue el germen de la actual democracia, que tuvo que esperar décadas para germinar tras la muerte del dictador Franco.
Sea como fuere, lo cierto es que el texto constitucional que revistió la legalidad republicana fue único y ejemplar. No en vano, casi un tercio de su articulado estaba reservado a recoger los derechos individuales. Entre las bondades estaba la de la extensión del derecho de voto activo y pasivo a los ciudadanos de ambos sexos mayores de 23 años, incluidas las mujeres. También reconoció que la soberanía residía en el pueblo.
La Constitución de 1931 reconocería derechos inéditos hasta ese momento para las féminas. De hecho marcó la oposición a usar el género como privilegio jurídico; y reguló el acceso de la mujer a cargos públicos, la igualdad entre féminas y varones en el matrimonio y la protección de la maternidad.
Con todo ello y la legislación que nació de la Constitución republicana, España pasó de ser un país tercermundista a nivelar su status al rasero marcado por las naciones más avanzadas en cuestión de igualdad de género. Se crearon las escuelas mixtas, circunstancia que favoreció la incorporación de las niñas al sistema educativo, se redactó la Ley del Divorcio e, incluso, se legalizó el aborto en Cataluña, una vez aprobado el Estatuto de aquella comunidad autónoma.
