IDOYA NOAIN
NUEVA YORK
El Gobierno de George Bush ya no se limita a promover entre los adolescentes la abstinencia sexual como el único método seguro de prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, sino que va a financiar con fondos federales los programas que promueven la abstinencia entre adultos de entre 19 y 29 años.
De hecho, si algunos críticos no hubieran hecho saltar las alarmas hace unos días, un ligero cambio que el Congreso de Estados Unidos realizó en agosto en la legislación de los programas de promoción de la abstinencia sexual habría pasado desapercibido. El presidente del grupo Defensores de la Juventud, James Wagoner, fue quien inició una campaña para denunciar el cambio en la legislación. «Han rebasado la frontera del sentido común», criticó Wagoner, que cree que se trata de «una campaña ideológica que no tiene nada que ver con la salud pública».
El Gobierno asegura que la ley no ha cambiado sino que se ha clarificado y alega que especificar esa franja de edad obedece a que son las mujeres de entre 19 y 29 años, y no las adolescentes, las que más niños tienen estando solteras.
La controversia particular se enmarca en una más amplia: la que rodea a la política del Ejecutivo de Bush y el Congreso de mayoría republicana de financiar tanto internacionalmente como en su propio país programas que promueven la abstinencia sin abordar el uso de anticonceptivos ni la planificación familiar.
De los tres programas que el Gobierno financia actualmente en EEUU, el principal seguirá concentrándose en la educación de los adolescentes. El programa afectado por la nueva redacción da dinero a los estados para que realicen las tareas de educación en la abstinencia, un capítulo al que este año fiscal se han destinado 50 millones de dólares.
IDENTIFICAR GRUPOS
Según las nuevas directrices, los estados pueden usar fondos públicos para «identificar grupos» de personas de entre 12 y 29 años que «es más posible que tengan hijos fuera del matrimonio». Luego programas específicos pueden «apoyar la decisión de retrasar la actividad sexual hasta el matrimonio.» El cambio legislativo ha provocado también las protestas de grupos como Proyecto de Alternativas al Matrimonio, cuya directora, Nicky Grist, ha mostrado su oposición a «cualquier programa que estigmatice a la gente que no está casada».
