Argelia Queralt miembra de la Junta directiva del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña (IDHC) y profesora de la Universidad de Barcelona, y Nuria Pumar profesora de la Universidad de Barcelona, han realizado un estudio comparativo de los datos extraídos del informe de Naciones Unidas.
Las estadísticas de Naciones Unidas revelan, año tras año, el desigual reparto de bienes y derechos en el mundo entre mujeres y hombres, desigualdad que se ha acentuado con la crisis económica actual.
El último informe sobre la situación de las mujeres al mundo, del 2010 (World’s Women 2010), si bien muestra que las desigualdades entre hombres y mujeres han disminuido ligeramente en educación, sanidad y participación en el mercado de trabajo, pone en evidencia que ser mujer multiplica las posibilidades de ser pobre, sobre todo si se añaden otros factores, como la vejez o tener que mantener familiares dependientes.
Además, las mujeres continúan siendo mayoría en los trabajos peor remunerados y en los sectores informales de la economía.
En este contexto destacamos dos problemas globales que afectan a las mujeres de todo el mundo y, por lo tanto, también a las mujeres que viven en nuestro país: la violencia de género y el desequilibrio en el ejercicio del poder, es decir, la ausencia de participación de las mujeres en decisiones que las afectan, tanto en el plano político como en el económico.
Violencia de género
En el 2004 se aprobó la Ley integral contra la violencia de género, pionera en Europa, que dio visibilidad a un problema que hace pocos años era desatendido por los poderes públicos, para considerarlo circunscrito a la esfera privada.
La ley ofrece una protección integral a las mujeres afectadas por estas conductas violentas e incluye medidas específicas en diferentes ámbitos, como el policial, judicial, laboral y de protección social.
Desgraciadamente, las cifras de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas no disminuyen (a 21 de diciembre de 2010, según datos de el Observatorio estatal de la Violencia de Género, han sido asesinadas 71 mujeres). Estos datos evidencian que la ley integral, a pesar de que es necesaria, no es suficiente porque hace falta un cambio en las pautas culturales y educativas, como recientemente ha puesto de manifiesto la primera Encuesta de Violencia Machista de Cataluña, realizada por la Generalitat.
Desequilibrio en el ejercicio del poder
En cuanto a la participación política de las mujeres en el Estado español, los datos permiten ser un poco optimistas. Así, se mantiene un aumento del número de mujeres que participan en los órganos de representación política; concretamente, el número de diputadas y de senadoras en esta legislatura, según datos de l’Institut Catala de les Dones, se sitúan en un 34,5% y un 30,4% respectivamente, cifra que supera con mucho la de la legislatura de 1982-1986, con una media del 5%.
En cualquier caso, estos porcentajes quedan todavía lejos de la representación equilibrada que se marcó la Ley Orgánica de Igualdad efectiva entre hombres y mujeres del año 2007. En los parlamentos de las comunidades autónomas el balance es más favorable, porque, en la mayoría, la presencia de diputadas supera el 40%.
En las empresas privadas, en cambio, la situación es muy diferente: las mujeres continúan siendo una minoría clara en los centros de decisión económica.
Derechos sociales y laborales de la inmigrantes
La crisis económica actual y el recorte de derechos sociales y laborales que han adoptado la mayoría de gobiernos para hacer frente, ha representado un balance negativo para las políticas de igualdad y ha afectado de manera muy negativa en los grupos sociales más desfavorecidos, entre los cuales se encuentra el de las inmigrantes.
El fenómeno migratorio global ha favorecido que un gran número de mujeres extranjeras que viven en situación irregular en el Estado español sean objeto de tráfico por parte de mafias internacionales, y también que se lleven a cabo prácticas que están penalizadas por atentar contra los derechos básicos de la mujer, como por ejemplo la mutilación genital.
En los últimos meses, los medios de comunicación se han hecho eco de la aprobación de normativas polémicas que prohíben portar el velo integral (nikab o burka) en los espacios públicos de algunas poblaciones de Cataluña y Andalucía. Ahora no es el momento de entrar a fondo en una cuestión intercultural tan compleja y tan sensible socialmente. Pensamos, en todo caso, que antes de emprender cualquier política al respeto, esta es una cuestión sobre la cual tiene que haber un debate y una reflexión por parte de la ciudadanía y las instituciones, y que cualquier política tiene que tener en cuenta todos los intereses en juego, y muy especialmente, el de las mujeres afectadas, para facilitar su integración social y, no, en cambio, forzar la exclusión.
