Estos días se ha celebrado en Barcelona la fiesta del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual (LGBT), cuyas actividades han tenido un carácter marcadamente reivindicativo. Y es que este colectivo -y todas las personas que con él nos solidarizamos- no tiene más remedio que seguir luchando por sus derechos, en ocasiones todavía ninguneados.
Venimos de épocas en que la homosexualidad era considerada un delito. Así fue hasta 1978, en que estuvo vigente la Ley de Vagos y Maleantes, una ley aprobada en 1933 para «meter en vereda» a vagabundos, nómadas, proxenetas y otras «gentes de mal vivir», y modificada posteriormente por el régimen de Franco para incluir en esa lista a las personas homosexuales.
A partir de entonces, la homosexualidad pasó a ser reconocida como una opción sexual más y a estar legitimada. En 1988, ya en plena democracia, se aprobó la ley que posibilitaba las parejas de hecho entre homosexuales y hace tan sólo cinco años se legalizaron sus matrimonios, con lo que se equiparaban, en todos los ámbitos, los derechos de las parejas de este colectivo a los de las heterosexuales: adopción, herencia, pensión de viudedad, etcétera.
Esa ley provocó un gran revuelo entre las capas más conservadoras del país, que se manifestaron ruidosamente. Esa ley, incluso, llevó al portavoz de la Conferencia Episcopal a asegurar que la regulación de este tipo de matrimonios iba a ser una especie de virus para la sociedad, aunque lo cierto es que no tenemos constancia de que desde entonces se haya producido ninguna víctima por esta razón.
La suma de leyes para la normalización social de LGBT es la que ha permitido que hace unos días el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña abriera un expediente a la Policlínica Tibidabo de Barcelona por pretender «curar» la homosexualidad. Esa pretensión no es nueva; en los años setenta, psiquiatras de Barcelona aplicaban corrientes farádicas a quienes tenían la «fea costumbre» de preferir a las personas de su mismo sexo para retozar en la cama.
Pero de eso ya hace mucho. Así que, puesto que en 1990 -desgraciadamente, solo apenas 20 años atrás- la OMS eliminó la homosexualidad del catálogo de enfermedades, parecería que ya nadie en pleno siglo XXI debería continuar considerándola una patología.
Sin embargo, queda aún lejos de ser así. Porque una cosa es el cambio de las leyes y otra, muy distinta y más lenta, el cambio de mentalidades. Todavía una parte importante de la ciudadanía del país sigue sin vivir la distinta orientación sexual con normalidad. En el mejor de los casos, pretende ignorar a gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, fingiendo que no los ve. En el peor, les considera personas viciosas, pervertidas o enfermas.
Esa invisibilidad del colectivo LGBT -más cuando se trata de lesbianas, ya que sufren el doble estigma de ser mujeres y de ser homosexuales– es una consecuencia de la estructura patriarcal que aún perdura en nuestra sociedad. Así, quien no cumple la condición de ser hombre, blanco, rico y heterosexual se ve relegado del centro del poder.
Las mujeres han estado siempre en la periferia, acompañadas, claro está, de quienes tenían opciones sexuales incompatibles con la virilidad. Aunque -esto hay que decirlo- en los últimos años y en política, los homosexuales confesos han podido escalar puestos, a pesar de su condición. ¡Lástima que en su ascenso no se hayan hecho acompañar por las mujeres que lucharon junto a ellos!
Volviendo a las discriminaciones que sufre el colectivo, el miedo a sentirse juzgados o al rechazo social explica, según una encuesta de la agencia gay-PARSHIP, que sólo el 32% de los homosexuales se atreva a mostrar afecto a su pareja en público.
Y el caso es que algunas de estas personas que en su juventud sufrieron el acoso de las leyes franquistas y en la edad adulta pudieron vivir con una cierta franqueza su opción sexual, se ven en la necesidad de regresar al armario en su vejez, ya que las residencias para la tercera edad no están preparadas para ello.
