La Policía Nacional ha desarticulado en Barcelona una red dedicada al tráfico internacional de mujeres para su explotación sexual en burdeles de Cataluña, País Vasco y Madrid. Las víctimas, la mayoría procedentes de países del este de Europa, eran trasladadas a Vilanova, donde residían los máximos responsables, y posteriormente repartidas por diversos prostíbulos.
Han sido detenidas 15 personas, entre ellas la máxima responsable de la organización, como presuntas autoras de delitos de asociación ilícita, favorecimiento de la inmigración ilegal, relativo a la prostitución, corrupción de menores, contra la salud pública, corrupción de menores y amenazas.
El registro de un total de 10 burdeles ha permitido la intervención de 18.000 euros en metálico, 150 euros falsificados, un pasaporte y una carta de identidad lituanas falsos, 200 gramos de sustancias estupefacientes, entre otros efectos, así como abundante documentación relacionada con las actividades delictivas.
Las investigaciones realizadas durante más de un año se centraron sobre una organización criminal de ámbito internacional que se dedicaba al tráfico de mujeres originarias de países del este de Europa con la finalidad de explotarlas sexualmente en España.
El origen de la operación se encuentra en un comunicado de Interpol-Bielorrusia con motivo de la denuncia de una mujer que manifestaba haber sido captada en su país mediante engaño y trasladada a España, proporcionándole documentación falsificada de Lituania.
Una vez en Vilanova, le habría sido retirada toda su documentación e informada que tenía una deuda de 7.000 euros con la organización, que debía saldar ejerciendo la prostitución. Tras ocho meses, pudo recuperar su pasaporte, abandonar a los proxenetas y regresar a su país.
La organización criminal ahora desarticulada disponía de burdeles en distintas poblaciones de la geografía nacional. Desde Vilanova, las víctimas eran enviadas a Granollers, Calella, Sant Adrià de Besós, Salou, Irún y Vitoria.
En total se han llevado a cabo registros en tres burdeles en Vilanova i la Geltrú, uno en Calella, uno en Granollers, uno en Sant Adrià de Besós, uno en Salou (Tarragona), dos en Irún (Guipúzcoa) y uno en Vitoria.
Además, las hijas de la máxima responsable de la red, de 16 y 12 años, convivían en muchas ocasiones en el club con el resto de víctimas, siendo ellas mismas las encargadas de recibir a los clientes.
Dada la situación de riesgo e inseguridad en la que se encontraban, las niñas han sido puestas a disposición de las autoridades de menores de la Generalitat de Cataluña para decidir sobre su guarda y custodia. Por estos hechos, a la madre y a su compañero sentimental se les imputa también un delito de corrupción de menores.
