Hace unos tres años, l’Espai Francesca Bonnemaison, una institución catalana que trabaja a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, me invitó como moderadora a una mesa sobre las nuevas ciudadanías. En cierto momento, el debate se polarizó en torno a la conveniencia de permitir o prohibir el uso del velo. Incluso teniendo una opinión propia, resultaban comprensibles los argumentos de quienes defendían uno u otro punto de vista. Parecía que, en nombre del respeto a las diferencias culturales y a la libertad individual, el velo debía tolerarse en lugares públicos. Y fue así hasta que una chica marroquí se levantó de entre el público para declarar que permitiendo el velo dejábamos desprotegidas a aquellas que son obligadas a usarlo, y que esperaba de las españolas que lucháramos no sólo por nuestros derechos, sino también por los de aquellas que proceden de otras culturas con una mayor subordinación femenina al varón.
El de esta mujer me pareció el argumento definitivo. Y no sólo me parece legítimo para el velo, sino también para la prostitución.
Según informes de la Guardia Civil y de Médicos del Mundo, el 90% de las mujeres en situación de prostitución lo están en contra de su voluntad. Algunas, simplemente porque no tienen otra opción. Como las Jennifer y las Jow citadas en este mismo periódico, las cuales, dicen, «están en eso por necesidad, aunque desearían otro trabajo». Otras han sido metidas a la fuerza en ese negocio por bandas, a las que actualmente les sale más a cuenta la trata de personas que el tráfico de drogas. Estas esclavas sexuales están vinculadas a sus captores por los más diversos métodos coercitivos: irreales deudas astronómicas, amenazas de muerte, vudú… Y son tratadas como animales de carga: los proxenetas las venden y compran en los cruces de carreteras, les quitan los pocos papeles de que disponen, las ablandan con violaciones y palizas, las enganchan a la heroína o a la cocaína para amarrarlas mejor, incluso -como ahora hemos sabido- las hormonan para que rindan más sexualmente en sus 20 horas diarias de trabajo.
Ante una situación como ésta, sólo cabe ponerse al lado de ese atroz porcentaje de niñas y mujeres forzadas a prostituirse y que es, justamente, el que ha hecho estallar de nuevo el debate. Porque reconocerán que si esas prostitutas no invadieran carreteras y calles causando malestar a la ciudadanía, nadie movería un dedo.
Legalizar la prostitución, sin embargo, no es la solución para ellas. ¿O creen ustedes que las mafias que las controlan iban a entrar en la legalidad por arte de birlibirloque? Es impensable que preparasen a sus pupilas contratos de trabajo, que cotizasen por ellas a la seguridad social, que les otorgasen un horario según convenio, que dejasen de «convencerlas» con amenazas, palizas o drogas y que renunciasen a los pingües beneficios de su negocio. Si eso ocurriera, significaría que las mafias habrían desaparecido y, con ellas, el problema. ¿Siguen, entonces, pensando que legalizar es la panacea?
Pues, no; la única solución para atajar este problema es la que se está empezando a poner en marcha: la reforma del Código Penal endureciendo las penas para quienes trafican con personas.
Bien es verdad que quedaría ese 10% de mujeres que, según parece, se prostituye libremente, aunque para ellas la legalización no supondría ningún cambio: ya ahora pueden darse de alta como autónomas en el apartado de servicios personales y realizar facturas por masajes o sesiones de relajación, por decir algo.
Y, finalmente, podríamos preguntarnos cuánta libertad cabe en la decisión de prostituirse. Tal vez ni una pizca. Como decía John Stuart Mill en La esclavitud femenina: «¿Quién es capaz de decir cuántas mujeres alimentan en silencio aspiraciones de libertad y justicia? Hay razones para creer que serían mucho más numerosas, si no se hiciese estudio en enseñarles a reprimir estas aspiraciones, por contrarias al papel que, en opinión de los esclavistas, corresponde al decoro del sexo femenino».
