La Red de Mujeres para la Salud, que aglutina a 19 entidades de mujeres y profesionales, y la Campaña por el Derecho al Aborto, que reúne al movimiento feminista de Cataluña, han cargado este lunes contra el «peregrinaje» que debe seguir una mujer en Cataluña para abortar, después de que ayer entrara en vigor la nueva ley de interrupción del embarazo.
En rueda de prensa, las portavoces de ambos colectivos, Montse Pineda y Sílvia Aldavert, han criticado que la mujer deba acudir a un centro de atención reproductiva y sexual para ser derivada, después, a una clínica autorizada donde deberá costear la intervención, que le será reembolsada dos meses después.
Ambas representantes han lamentado que este periplo «no es garantía de la confidencialidad de la mujer», que una vez intervenida deberá llevar los papeles a un centro de atención al usuario para iniciar los trámites administrativos para la devolución del coste del aborto, que podrá oscilar entre los 350 y los 600 euros, en función de la semana de gestación.
Aldavert ha criticado especialmente la dificultad de garantizar la confidencialidad de mujeres de zonas rurales y pequeñas, y ha pedido que el trámite del dinero no tengan porque hacerlo éstas directamente. «Además, estamos preocupadas porque en Cataluña, en Terres de l’Ebre y Lleida, no existen los suficientes recursos para que las mujeres reciban atención de calidad», ha añadido Pineda.
También se han manifestado contrarias a que una entidad escogida por la Conselleria de Salud de la Generalitat acredite qué mujeres con escasos recursos no deberán avanzar el dinero de la intervención, porque, según dicen, va contra los criterios de «transparencia».
A su juicio, este periodo de transición hasta enero en que las mujeres serán derivadas a centros privados autorizados, mientras la red pública de hospitales y ambulatorios se prepara para asumir la mayor parte de la demanda, mantiene el peso de la responsabilidad sobre las espaldas de las mujeres que deben sortear una «carrera de obstáculos».
En esta línea, tanto Aldavert como Pineda han sospechado si este circuito es para disuadirlas a dejar de abortar. «Queremos que el aborto se garantice como una prestación más dentro de la cartera de servicios de la sanidad pública», han reclamado.
En su opinión, en Cataluña «no se garantizará totalmente el derecho a abortar», ha declarado Pineda, que pese a valorar el esfuerzo de la Generalitat, ha considerado que éste ha sido «insuficiente» y, por ello, ha constatado, «carencias».
Para Aldavert y Pineda, la admisión a trámite de las alegaciones de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrpución Voluntaria del Embarazo «vulnera los derechos de las mujeres una vez más» y es fruto de las presiones de movimientos ultraconservadores, han concluido.
