La presidenta de la Sociedad Catalana de Comadronas, Cristina Martínez, ha constatado «normalidad» en Cataluña en el primer día de entrada en vigor de la Ley de Reproducción Asistida y Sexual e Interrupción del Embarazo.
Ha explicado que «varias mujeres» han acudido este lunes a puntos de atención sexual y reproductiva para ser derivadas a clínicas privadas autorizadas, donde les será practicada la intervención a costa de un importe, que después reembolsará a la mujer el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut).
«Han venido varias mujeres a puntos de Barcelona y Tarragona», ha declarado tener constancia Martínez, quien ha revelado que en los puntos de atención sexual se les ha entregado también documentación sobre las posibilidades a seguir y la nueva normativa.
Oficialmente, las mujeres reciben un sobre con documentación sobre las ayudas del Gobierno en materia de maternidad, y también las vías posibles, a seguir en la misma clínica donde les será practicada la intervención –es por norma–, y éstas tienen la obligación de reflexionar durante tres días su decisión.
En Catalunya, hay 42 unidades de atención sexual y reproductiva (ASSIR) que prestan atención en un total de 376 puntos, repartidos en la mayoría de CAP del territorio, donde suele haber ginecólogos y comadronas.
Pese a que la mayor parte de abortos se producen en la red privada (el 97 por ciento en Catalunya), el 48 por ciento de las mujeres que quieren abortar consultan a ginecólogos y comadronas del sistema público, antes de acudir a una clínica privada.
Según ha detallado Martínez, las mujeres acuden a uno de los 376 puntos de atención sexual y reproductiva repartidos en los Centros de Atención Primaria (CAP) catalanes «para informarse, explicar su situación y buscar un apoyo psicoemocional».
Martínez ha resaltado la importancia de «asegurar la confidencialidad» de las mujeres que acuden a abortar en la red pública catalana, debido al circuito que deben seguir a partir de hoy.
Con todo, ha valorado positivamente la dispensación en farmacias de la píldora abortiva en los CAP a partir de enero para las gestaciones de menos de siete semanas.
