La Asociación Catalana de Centros Acreditados para la Interrupción del Embarazo (ACAI) ha acusado a la Consejería de Salud de la Generalitat de Cataluña de no garantizar la «confidencialidad» a las mujeres que acuden a abortar a la red pública, desde que entró en vigor la nueva ley del aborto el pasado 4 de julio, según ha declarado su presidente, Santiago Barambio.
En concreto, el también presidente de la asociación española de clínicas acreditadas se ha quejado de que deba figurar el nombre y apellidos de la mujer en el documento para emitir la factura que la paciente ha de presentar para cobrar los gastos que ha adelantado.
En Cataluña, Salud dirige a todas las mujeres que quieran abortar por la vía pública hacia clínicas privadas, en el marco de un periodo de transición hasta enero, cuando los hospitales y ambulatorios estarán preparados para asumir la nueva demanda.
Las mujeres deben avanzar el coste de la intervención, y es en este punto en el que Barambio ha mostrado su malestar puesto que, dice, «no respeta una regulación exagerada» de la confidencialidad, puesto que «las mujeres con escasos recursos no deben asumir este coste inicial«.
