El caso de la niña de 14 años liberada por la policía en un pueblo de Badajoz, donde fue obligada a prostituirse durante dos meses, no es tan infrecuente. Lo extraño es que no fuera extranjera, como la mayoría de las menores explotadas.
«Rumanas, brasileñas, paraguayas o nigerianas», explica Patricia Fernández Olaya, una de las fiscales de Extranjería del Supremo, que calcula que las menores son alrededor del 1% de las esclavas sexuales. Su número, afirma, ha aumentado. Las asociaciones de ayuda a víctimas comparten ese diagnóstico.
El año pasado, de las 1.301 mujeres esclavizadas en la prostitución detectadas por las autoridades, 13 eran menores, según datos del Ministerio del Interior. Una cifra que no es posible comparar con otra anterior, ya que es la primera vez que hay estadística de casos.
Sin embargo, este año las menores localizadas han superado ese número. Aún no se han hecho públicos los datos del plan de lucha contra la trata, pero solo en julio y en Cataluña las autoridades detectaron a ocho menores. En Madrid y Andalucía también ha habido varios casos.
La Asociación para la Reinserción de Mujeres Prostituidas (Apramp) también habla de un aumento de casos en el último año. «Cada vez hay más demanda, y los traficantes las traen como si fueran un producto de consumo más», señala su directora, Rocío Nieto.
Esta organización ha alojado en sus pisos de Madrid al menos a 12 menores víctimas de las redes mafiosas. Según Nieto, el perfil es el mismo del que habla la Fiscalía. «La mayoría son chicas rumanas que han llegado a España a través de contactos muy cercanos o incluso a través de su familia«, dice.
Es el caso de varias de las adolescentes detectadas en Barcelona en verano. Una de ella, de 16 años, había sido captada en un centro de menores de su país por un hombre que la había convencido para que se escapase.
La fiscal Fernández Olaya llama la atención sobre el caso particularmente complicado de las chicas nigerianas explotadas por las mafias que, para engañarlas y presionarlas, emplean técnicas vinculadas a la magia negra.
Lo ocurrido con la menor explotada en Arroyo de San Serván, contradice la creencia generalizada que vincula la explotación con las extranjeras. Su caso arroja luz, además, sobre algo chocante: a pesar de lo ocurrido no se la puede considerar víctima de la trata de personas.
Solo con la resolución de finales de diciembre entra en vigor la reforma del Código Penal que introduce la trata como delito. Así, hasta hace poco su caso podría suponer desde prostitución coactiva a detención ilegal y agresiones sexuales. Pero no trata. Para atender a las víctimas de ese fenómeno, las autoridades acudían hasta ahora al delito de inmigración clandestina agravado con fines de explotación sexual.
La modificación legal que ha comenzado es un «paso de gigante», para Fernández Olaya. Así, los culpables de un delito de trata se enfrentan a entre cinco y ocho años de cárcel; pena que se agrava, sin embargo, en el caso de que haya menores de edad – de 8 a 12 años -.
La ONG Women’s Link Worldwide aplaude la reforma, pero cree que deja rendijas de desprotección. «Vincula la protección y la atención a las víctimas con la colaboración con las autoridades. Esto debe cambiar, la trata es un delito contra los derechos humanos«, dice Cristina Sánchez Velázquez, responsable de programas.
